La Desamortización de Mendizábal

Juan Alvarez de Mendizabal

El día 19 de Febrero del año 1836, el entonces primer Ministro de Estado, Guerra, Hacienda y Marina (además de banquero) Juan Álvarez de Mendizábal (funcionario bajo la Regencia de María Cristina de Borbón) puso en marcha un proceso de expropiación forzosa a los bienes de la Iglesia Católica, con el objetivo de hacer frente a los elevados costes que suponía la guerra contra los carlistas y como último recurso para alimentar las maltrechas arcas públicas del estado español una vez perdidas las colonias en América. Todos aquellos bienes serían después vendidos en subasta pública para sanear las cuentas del estado.

Fue lo que se ha conocido históricamente como la “desamortización de Mendizábal”.

Cabe destacar que la “Desamortización de los bienes del clero regular” no fue exclusiva de España ni de aquel momento, pero si es cierto que fue su época de mayor impacto.

Los bienes expropiados eran los denominados bienes de “manos muertas”, pertenecientes al Antiguo Régimen y que no podían ser vendidos o repartidos, es decir, que se encontraban “amortizados” (de ahí el término Desamortización). Estos bienes eran propiedades comunales, nobiliarias o bien de instituciones eclesiásticas, cuya propiedad podía cambiar de manos mediante herencias pero con la imposibilidad de ser repartidos.

Entre las medidas que conllevó esta Desamortización de Mendizábal, ejercida mediante decretos-ley, estaba la desarticulación de toda orden religiosa que no estuviese dedicada a la caridad y la expropiación de todos sus bienes, una medida en principio social pero que no tuvo el efecto deseado, ya que el reparto de lo expropiado iba a parar a aquellos pocos adinerados terratenientes que podían pagar su precio en subasta pública. Una de sus principales consecuencias fue el fomento del latifundismo en el sur de España, al tiempo que generó unos más que insuficientes ingresos.

El espíritu de la Desamortización de Mendizábal puede resumirse en tres puntos principales, redactadas en el decreto oficial:

– El factor económico, enfocado a eliminar o al menos reducir en lo posible la Deuda Pública.

– Puesta en venta de los bienes expropiados a instituciones como la Compañía de Jesús, la Inquisición Española, monasterios, etc.

– El protectorado estatal a los inmuebles considerados como Patrimonio Histórico y Artístico.

Publicado en: Edad Contemporanea, Historia de España

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