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La expulsión de los moriscos por Felipe III

Felipe III, hijo de Felipe II y Ana de Austria, tomó una de las decisiones más discutidas, injustas e impopulares de la historia de España, la de expulsar a todos los moriscos, término con el que se designaba a los musulmanes conversos al cristianismo. Esta medida era especialmente grave no sólo por su componente de intolerancia, sino por la extensión de España en aquellos tiempos, que abarcaba la península Ibérica, y zonas en el norte de África, Europa y el recién descubierto continente americano. Sus principales promotores fueron el marqués de Vélez y los duques de Lerma y de Uceda.

Durante el reinado de los Reyes Católicos y sobre todo después de que se reconquistase el reino de Granada, muchos musulmanes prefirieron renunciar a su religión para abrazar el cristianismo, y poder permanecer en sus hogares y tierras. Se estima que en el reino de España había cerca de 325.000 moriscos, una cifra importante si tenemos en cuenta que la población total del reino era de 8 millones de personas. Vivían y convivían en paz con sus vecinos y no eran problemáticos ni mucho menos, pero Felipe III albergaba el secreto temor de que en caso de una invasión de los otomanos, los moriscos apoyarían a éstos antes que a los españoles.

En este marco, y pensando que alojar a los moriscos proyectaba una imagen de debilidad de la corona española, el 9 de Abril del año 1609 Felipe III firmó el real decreto con el que expulsaba oficialmente a los moriscos de España. Este decreto contó también con sus detractores, como por ejemplo la nobleza de Castilla y Aragón, quienes argumentaban que la vida de los moriscos giraba en torno a la agricultura y que su expulsión no beneficiaría en absoluto a la economía y al comercio.

Los primeros en ser expulsados fueron los residentes en Aragón, a los que siguieron los de Castilla cinco años más tarde. Los que vivían en el reino de Murcia dispusieron de un tiempo extra debido a que conformaban un mayor porcentaje de la población, y según las autoridades ya estaban perfectamente integrados en la comunidad cristiana.

Juan de Pereda era un fraile al que se le asignó la tarea de informar al rey sobre la situación de los moriscos en Murcia, tras lo cual decidiría si eran expulsados o si por el contrario les permitía quedarse. Debido a que no existían informes de problemas o conflictos con ellos, incluso la Santa Inquisición se mostró a favor de que se les dejase permanecer en sus tierras, pero finalmente se les desterró también. El 4 de Marzo de 1613 Felipe III ordena la expulsión total, dejando sólo a los menores de 8 años y a los ancianos con algún tipo de enfermedad. A los demás se les dio un plazo de 10 días para que vendiesen o cediesen cualquier propiedad antes de ser desterrados.

El exilio masivo se llevó a cabo a través del puerto de Cartagena con la supervisión del conde de Salazar, desde allí partieron en barcos de la Armada Real hacia destinos tan dispares como Italia, Francia y el norte de África, entre Diciembre de 1613 y Enero de 1614. Aquellos que trataron de resistirse o esconderse hasta que pasara la tormenta fueron apresados posteriormente y condenados a trabajos forzados en las minas.

Las consecuencias de este injusto proceso fueron la evidente disminución de la población y una gran demanda de mano de obra para el campo, así como redistribuciones masivas de los hogares y propiedades dejadas atrás por los moriscos. También llevó a concluir la unificación religiosa de España, dejando a la fe cristiana como única religión del reino.